BONIFICACION DE LAS PYMES, ROL DEL ESTADO NACIONAL EN EL INCENTIVO Y DESARROLLO DE LAS PYMES, COMO ACCEDEN A LOS CREDITOS LAS PYMES, QUE ES UNA SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA, CARACTERISTICAS (DENOMINACIÓN, FUNCIONAMIENTO, APORTE SOCIAL, LIMITES, CAPITAL SOCIAL, FONDO DE RIESGO. QUE MODIFICACIONES PLANTEA EL GOBIERNO PARA LAS PYMES?


 

La ley 24467 determina que las pequeñas y medianas empresas tendrán la posibilidad de acceder a bonificaciones de la tasa de interés mediante instrumentos nuevos o ya existentes.

La bonificación será solventada por el Estado Nacional y estará especialmente destinada a créditos para la adquisición de bienes de capital propios de la actividad de la empresa, créditos para la constitución de capital de trabajo; créditos para la reconversión y aumento de la productividad debiendo además contemplar amplios plazos de amortización, tasas comparables a las más bajas de plaza y períodos de gracia según el retorno de la inversión previsto; créditos para la actualización y modernización tecnológica, de procedimientos administrativos, gerenciales organizativos y comerciales y contratación de servicios de consultoría, etcétera;  créditos para financiar y prefinanciar las exportaciones de los bienes producidos por las PYMES. La bonificación se atenderá con los créditos que anualmente se establezcan en el Presupuesto General de la Administración Nacional.

El Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior determinaran la forma de financiación de las pequeñas y medianas empresas para tal fin recurrirán especialmente a la utilización de fondos provenientes de instituciones multilaterales de crédito o de otras fuentes de origen externo.

El Estado nacional tendrá el deber a través de la autoridad de aplicación crear un fondo de garantía cuyo objeto específico será facilitar el acceso al crédito a las empresas comprendidas en los programas.

El Poder Ejecutivo nacional estimulará a través de los diversos medios a su alcance la constitución en el ámbito privado de sociedades conocidas como calificadoras de riesgo, especializadas en evaluar el desempeño, la solidez y el riesgo crediticio de las pequeñas y medianas empresas con el objeto de facilitar su operatoria financiera y comercial. También el poder ejecutivo nacional dictara las normas que resulten necesarias para agilizar y simplificar ese acceso y las conducentes a disminuir en todo lo posible los costos implícitos en esas operatorias.

La ley determina que se debe crear un sistema de información MIPyME que operará con base en las agencias regionales. El sistema de información MIPyME tendrá por objetivo la recolección y difusión de información comercial, técnica y legal que se juzgue de interés para la micro, pequeña y mediana empresa.

El Estado nacional se ocupa y prioriza la profundización, ampliación y difusión del Programa de Desarrollo de Proveedores. De esta manera se enuncia en la ley que el estado nacional tendrá que tomar los recaudos necesarios para que el Programa incorpore paulatinamente a sus propios proveedores PYMES. En sí, los organismos competentes tienen que establecer políticas específicas de apoyo a la internacionalización comercial de las PYMES. También tienen que desarrollar mecanismos que faciliten el proceso de especialización de estas empresas con el objetivo de lograr su crecimiento, privilegiando herramientas que potencien las exportaciones de las pymes.

Otra finalidad de la ley es determinar el funcionamiento de las Sociedades de garantía recíproca, que se crean para enfrentar la poca financiación y  para hacer frente a las contingencias de los trabajadores. Es decir se crearon para procurar el acceso al crédito a las pymes y lograr su fortalecimiento.

Con respecto a las características de estas sociedades de garantía recíproca es importante destacar es el otorgamiento de garantías a sus socios partícipes mediante la celebración de contratos regulados en la presente ley. También las sociedades de garantías recíprocas no podrán asignar a un mismo socio partícipe garantías superiores al cinco por ciento (5%) del valor total del fondo de riesgo de cada SGR. Tampoco podrán asignar a obligaciones con el mismo acreedor, más del veinticinco por ciento (25%) del valor total del fondo de riesgo.

En la condición de acreedor deberán incluirse las empresas controladas, vinculadas y las personas físicas y/o jurídicas que integren el mismo grupo económico de acuerdo con los criterios que establezca la reglamentación.

Quedan excluidas del límite operativo las garantías correspondientes a créditos otorgados por bancos públicos y las garantías otorgadas a organismos públicos centralizados o descentralizados dependientes del Gobierno nacional, provincial, municipal y Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no desarrollen actividades comerciales, industriales o financieras.

La autoridad de aplicación podrá excepcionalmente y por decisión fundada autorizar mayores límites operativos cuando se presenten algunas de las siguientes circunstancias:

  1. a) Respecto del veinticinco por ciento (25%) aplicable a los acreedores: cuando los mismos resulten organismos públicos estatales, centralizados y descentralizados nacionales, provinciales o municipales que desarrollen actividades comerciales, industriales y financieras, entidades financieras reguladas por el Banco Central de la República Argentina y/o agencias internacionales de crédito.

En estos casos deberá acreditarse que las condiciones de financiamiento, en el costo y/o en el plazo, representan un beneficio real para las mipymes.

Respecto del cinco por ciento (5%) aplicable al socio partícipe: cuando la sociedad de garantía recíproca tenga garantías vigentes como mínimo al treinta por ciento (30%) de sus socios partícipes, podrá autorizarse una garantía de hasta un quince por ciento (15%) del valor total del fondo de riesgo de cada sociedad de garantía recíproca siempre que dicho monto no supere las ventas del último semestre calendario del solicitante.

En cambio las Sociedades de Garantía Recíproca (S.G.R.) no podrán conceder directamente ninguna clase de créditos a sus socios ni a terceros ni realizar actividades distintas a las de su objeto social.

La denominación social deberá contener la indicación “Sociedades de Garantía Recíproca”, su abreviatura o las siglas S.G.R.  La sociedad de garantía recíproca estará constituida por socios partícipes y socios protectores. Serán socios partícipes únicamente las pequeñas y medianas empresas, sean éstas personas físicas o jurídicas, que reúnan las condiciones generales que determine la autoridad de aplicación y suscriban acciones.

A los efectos de su constitución toda sociedad de garantía recíproca deberá contar con un mínimo de socios partícipes que fijará la autoridad de aplicación en función de la región donde se radique o del sector económico que la conforme. Serán socios protectores todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen aportes al capital social y al fondo de riesgo. La sociedad no podrá celebrar contratos de garantía recíproca con los socios protectores.

Las Sociedades de Garantía Recíproca (S.G.R) se constituirán por acto único mediante instrumento público que deberá contener, además de los requisitos exigidos por La ley 19.550 y sus modificatorias, los siguientes: Clave única de identificación tributaria de los socios partícipes y protectores fundadores. Delimitación de la actividad o actividades económicas y ámbito geográfico que sirva para la determinación de quienes pueden ser socios partícipes en la sociedad. Criterios a seguir para la admisión de nuevos socios partícipes y protectores y las condiciones a contemplar para la emisión de nuevas acciones. Causas de exclusión de socios y trámites para su consagración. Condiciones y procedimientos para ejercer el derecho de reembolso de las acciones por parte de los socios partícipes.

Las autorizaciones para funcionar a nuevas sociedades deberán ajustarse a los procedimientos de aprobación que fija la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación otorgará a cada sociedad de garantía recíproca en formación que lo solicite, una certificación provisoria del cumplimiento de los requisitos que establezca para autorizar su funcionamiento. Previo a la concesión de la autorización efectiva, la sociedad de garantía recíproca deberá haber completado el trámite de inscripción en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio o autoridad local competente.

El capital social de estas sociedades  se formaliza por los aportes de los socios y representado por acciones ordinarias nominativas de igual valor y número de votos. El estatuto social podrá prever que las acciones sean registrales.

El capital social mínimo determina la ley que será fijado por vía reglamentaria. El capital social podrá variar, sin requerir modificación del estatuto, entre dicha cifra y un máximo que represente el quíntuplo de la misma.

La participación de los socios protectores no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del capital social y la de cada socio partícipe no podrá superar el cinco por ciento (5%) del mismo.

Otra característica importante a saber es que la Sociedad de Garantía Recíproca deberá constituir un fondo de riesgo que integrará su patrimonio. Dicho fondo de riesgo estará constituido por:  Las asignaciones de los resultados de la sociedad aprobados por la Asamblea general.  Las donaciones, subvenciones u otras aportaciones que recibiere.  Los recuperos de las sumas que hubiese pagado la sociedad en el cumplimiento del contrato de garantía asumido a favor de sus socios.  El valor de las acciones no reembolsadas a los socios excluidos. El rendimiento financiero que provenga de la inversión del propio fondo en las colocaciones en que fuera constituido. El aporte de los socios protectores. El Fondo de Riesgo podrá asumir la forma jurídica de un fondo fiduciario en los términos de la ley 24.441, independiente del patrimonio societario de la Sociedad de Garantía Recíproca.

Las Sociedades de Garantía Recíproca (S.G.R.) tendrán privilegio ante todo otro acreedor sobre las acciones de sus socios en relación a las obligaciones derivadas de los contratos de garantía recíproca vigentes. Las acciones de los socios partícipes no pueden ser objeto de gravámenes reales.

Los aportes deberán ser integrados en efectivo, como mínimo en un cincuenta por ciento (50 %) al momento de la suscripción. El remanente deberá ser integrado, también en efectivo en el plazo máximo de un (1) año a contar de esa fecha. La integración total será condición necesaria para que el socio partícipe pueda contratar garantías recíprocas.

El capital fijado por los estatutos podrá ser aumentado por decisión de la asamblea general ordinaria hasta el quíntuplo de dicho monto. Cuando el incremento del capital social esté originado por la capitalización de utilidades, las acciones generadas por dicho incremento se distribuirán entre los socios en proporción a sus respectivas tenencias. Todo aumento de capital que exceda el quíntuplo del fijado estatutariamente deberá contar con la aprobación de los dos tercios de los votos totales de la asamblea general extraordinaria.

Los socios deberán compensar con nuevos aportes, según las modalidades y condiciones estipuladas en el artículo 50 de esta ley, cualquier pérdida que afecte el monto del capital fijado estatutariamente o que exceda del treinta y cinco por ciento (35%) de las ampliaciones posteriores. El Consejo de Administración con cargo a dar cuenta a la Asamblea más próxima, podrá hacer uso efectivo de cualquier recurso económico que integre el patrimonio con la finalidad de reintegrar el capital de la sociedad y preservar la continuidad jurídica de la misma.

El contrato de trabajo y las relaciones laborales en la pequeña empresa (P.E.) se regularán por el régimen especial de la presente ley. La pequeña empresa es aquella que reúna las dos condiciones siguientes: Su plantel no supere los cuarenta (40) trabajadores. Tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad.

Las pequeñas empresas que superen las  condiciones mencionadas podrán permanecer en el régimen especial de esta ley por un plazo de tres (3) años siempre y cuando no dupliquen el plantel.

 

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